Esta medida podría generar un ahorro de entre un 35% y un 40% del costo estimado para las elecciones legislativas de 2025, lo que equivaldría a más de 150 millones de dólares.
Continúa el paro en el Poder Judicial y se agrava el conflicto salarial
A media mañana, trabajadoras y trabajadores, reunidos en asamblea, votaron a favor de mantener la medida de fuerza durante la semana. El servicio de justicia se verá afectado en todas las circunscripciones judiciales, con estado de asamblea permanente.
POLÍTICA20/05/2024
Redacción
Tras el decreto del Gobernador Alfredo Cornejo, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Mendoza, optaron por continuar con el paro y mantener las asambleas en los lugares de trabajo.
El malestar se hace notar en el marco de un conflicto salarial que dejó un nuevo capítulo cuando Ejecutivo provincial ordenó por decreto, aumentar los salarios en un 10% para abril, mayo y junio, respectivamente.
Ricardo Babillón, Secretario General de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, afirmó que "el aumento por decreto demuestra que el gremio de los judiciales está cada vez más fuerte".
Agregó que "el aumento es inferior al de otros gremio, por lo tanto continuarán con la protesta".
¿En qué consiste el incremento salarial ?
El decreto 947 en su artículo 1°, expresa que se otorgará "a los agentes públicos pertenecientes al Régimen Salarial 10, un incremento salarial del diez por ciento (10%) sobre la asignación de clase para los meses de abril, mayo y junio de 2024 respectivamente calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023".
Además se agrega que "el incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector".
El documento aclara que "frente al rechazo sistemático de las Asociaciones Gremiales que nuclean a Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza a las sucesivas propuestas alternativas efectuadas por el Poder Ejecutivo, habiéndose ya liquidado los aumentos acordados con el resto de la representación sindical de empleados públicos, debe primar el principio protectorio del trabajador y del carácter alimentario del salario y en base a ellos se impone disponer la recomposición salarial de los sectores citados, en el marco de las habilitaciones presupuestarias vigentes".
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