Distintas figuras políticas de Mendoza se manifestaron en contra y a favor tras ratificarse la condena.
NACIONALES11/06/2025
Redacción
La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la causa “Vialidad”, y las reacciones en Mendoza no se hicieron esperar.
Dirigentes del kirchnerismo se manifestaron frente a los Tribunales Federales en Ciudad de Mendoza. Estuvieron presentes Emir Félix, Flor Destéfanis, Félix González, Omar Parisi, Lucas Ilardo y otros. Anabel Fernández Sagasti acompañó a la exvicepresidenta en Buenos Aires.
“El fallo es una proscripción, se están llevando puesta la democracia”, afirmó el senador Félix González, quien también acusó de corrupción a jueces y fiscales. Destéfanis sostuvo que se trata de un “uso electoral de la Justicia” y que busca “tapar la difícil situación económica que vive el pueblo”.
Desde el oficialismo, el gobernador Alfredo Cornejo celebró la decisión en sus redes sociales publicando: “Marca un antes y un después. Se cierra una etapa de impunidad disfrazada de relato que nos dejó miseria y un Estado devastado”. Además afirmó que la corrupción “fue un modus operandi” del kirchnerismo.
La vicegobernadora Hebe Casado desató polémica al publicar una imagen de Cristina con uniforme carcelario en su cuenta de "X". A lo que algunos peronistas no dudaron en responderle, como González quién le pidió “ponerse a trabajar”, mientras que la concejal Paloma Scalco y la exedil Gabriela Malinar la calificaron de “odiosa” y “asquerosa”.
El presidente de la UCR provincial, Andrés “Peti” Lombardi, fue contundente: “No hay relato que cambie la realidad. Es culpable. Se terminó”. Por su parte, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, advirtió sobre el impacto institucional del fallo y pidió “madurez”.
En tanto, el jefe comunal capitalino, Ulpiano Suarez, celebró el fin de la impunidad y llamó a construir un país “sin fanatismos ni corrupción”.
Tras el fallo de la Corte Suprema, la exmandataria apelará ante la CIDH y la CPI por presuntas violaciones a sus derechos y persecución por parte del Estado argentino.
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