
El gobernador evalua si cambiar el calendario electoral o mantenerlo desdoblado.
El 17 de septiembre se realizará el debate obligatorio (por ley) para gobernador y vice. Estarán las cinco duplas, tres parejas de moderadores, decenas de periodistas en la Sala Naranja del Espacio Cultural Julio Le Parc y la mega transmisión de los medios. ¿Y la gente?
POLÍTICA10/09/2023 Lobo EsteparioLa Legislatura provincial aprobó una ley para obligar a todos los candidatos en la categoría gobernador y vice, a debatir con vistas a las elecciones, determinados tópicos que propongan como compromiso electoral. Todo muy lindo, pero ¿quién lo verá?
Me acercaron una nota del periodista político Jorge Fernández Rojas cuyo título es clarito y al pie: “Conclusión del terror latente y el debate de los dos domingos por el voto”. Entre otros temas, el escriba se refiere a un análisis que hace el consultor Nicolás González Perejamo sobre los indecisos que definen su voto el último domingo antes de la elección.
“La hipótesis del encuestador es que esta ciudadanía más acuciada y que define muchas veces la elección se termina definiendo el domingo antes de la elección, es decir, en la última semana antes de votar”, dice Fernández Rojas. Que es justamente cuando se realizará el debate. Ahora, la gente común, la que le cuesta llegar a fin de mes, la acuciada por la incertidumbre, la que tiene que definir entre pagar el seguro o comer, ¿mirará el debate?
Un colaborador de alrojovivo.ar hizo una encuesta familiar, la típica, hijos, nietos en edad de votar. ¿Resultado? De los siete consultados, ninguno mirará el debate. Habrá fútbol, películas o series, pero el debate, no. No es una encuesta seria o profesional, solamente es la opinión de la gente común. Amigo lector, ¿a quién le hace caso usted? ¿Al ombligo del microclima político o a la realidad de la gente común?
El decreto 615 oficializó un 13% de incremento hasta junio de 2025.
La decisión fue tomada por mayoría de senadores y con más de seis horas de debate, siendo la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza una nominación judicial.
El Decreto 601 asegura la permanencia de empleados contratados y prestadores de servicios, sin necesidad de realizar nuevos trámites.