
Reformulan el INTA y el INTI: pierden autonomía y pasan al Ministerio de Economía
La medida busca reducir estructura y gasto público. Las áreas de Agricultura e Industria asumirán el control administrativo y financiero de ambos institutos.
Según explicó Weiss, el Estado nacional adeuda plata de rutas y proyectos de viviendas sociales que se realizaron durante los últimos meses del año pasado.
NACIONALES26/06/2024El Gobierno de Javier Milei implementó un plan de ajuste fiscal que afectó a sectores vulnerables, clase media y empresarios de la construcción en Argentina. La Cámara Argentina de la Construcción, liderada por Gustavo Weiss, describió la situación como "gravísima" durante su reunión anual, destacando una deuda gubernamental de $400.000 millones por obras públicas ejecutadas en 2023 que aún no han sido pagadas.
Weiss mencionó durante la Convención Anual de la institución, que se desarrolló en CABA, que alrededor de 3500 obras están paralizadas y muchas no han recibido pagos desde noviembre pasado, sin perspectivas de solución contractual o reinicio.
El sector de la construcción, el más afectado por el ajuste fiscal y la recesión, ha visto caídas significativas en la actividad y empleo, con empresas pequeñas, medianas y grandes enfrentando cierres y convocatorias de acreedores.
Por otra parte, El Gobierno anunció que de todas las obras de infraestructura que estaban en curso al inicio de su mandato, solo se financiará con fondos nacionales el 15% del total. Cerca de 2.000 proyectos serán interrumpidos, pospuestos indefinidamente o transferidos a las provincias, sin una fecha clara para su continuación.
La medida busca reducir estructura y gasto público. Las áreas de Agricultura e Industria asumirán el control administrativo y financiero de ambos institutos.
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Los nuevos valores fueron definidos por ANSES en función del índice de inflación y ya rigen desde este mes.
Busca frenar la ejecución de la sentencia en Estados Unidos y extender los plazos judiciales. Considera “inviable” entregar el control accionario de la petrolera estatal.
La medida, tomada con escasa anticipación, generó quejas entre los expendedores. Las multas por vender GNC superan los $19.000 por vehículo cargado.
La medida busca reducir estructura y gasto público. Las áreas de Agricultura e Industria asumirán el control administrativo y financiero de ambos institutos.