
En la apertura del evento, el Gobernador Cornejo destacó el rol de la inteligencia artificial y la digitalización en la modernización del sistema judicial.
La cámara de Diputados de la provincia, aprobó el proyecto que contempla la venta del 21,2% de las acciones que hoy están en manos del estado mendocino.
La iniciativa, autoriza al Poder Ejecutivo de la provincia a “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza”.
En julio de este año, el Gobernador Alfredo Cornejo y el Secretario de Planeamiento y Gestión Productiva de la Nación, Juan Pazo, firmaron el convenio para avanzar con el proceso de descapitalización de la compañía, que según el Gobierno de la provincia, presenta una deuda de 500 millones de dólares y mensualmente pierde 2,5 millones de dólares.
El estado es el socio mayoritario y controlante, con el 85% del paquete accionario, de los cuáles, la provincia posee 21,2% y Nación conserva otro 63,7%. El restante 15,1% está en manos de accionistas privados, en su mayoría bancos que reestructuraron la deuda de la empresa.
En la apertura del evento, el Gobernador Cornejo destacó el rol de la inteligencia artificial y la digitalización en la modernización del sistema judicial.
Este lunes 19 de mayo, la provincia experimentará una jornada nublada y ventosa, con nevadas intensas en la cordillera que podrían afectar la visibilidad y la circulación vehicular.
Este sábado, el fenómeno del zonda provocará ráfagas de hasta 50 km/h y un ascenso de temperatura, con nevadas en la cordillera.
Rubén David, propietario del mayorista, repasó sus raíces barriales, y no esquivó hablar de política, economía ni del rol que deben asumir los empresarios en el desarrollo del país.
En el AmCham Summit, el mandatario presentó su estrategia económica, destacando las oportunidades de inversión y un modelo de crecimiento centrado en el ahorro y la competitividad.
A pesar de un aumento en las escrituras, los altos costos iniciales y las demoras en el proceso dificultan el acceso a la vivienda.