El Gobierno endurece las normas para extranjeros

El Gobierno nacional implementó una reforma migratoria que modifica el ingreso, permanencia y deportación de extranjeros, además de regular el acceso a la educación y la salud pública.

La normativa, impulsada por el presidente Javier Milei, exige que los extranjeros ingresen solo por fronteras oficiales, con declaración jurada y seguro de salud obligatorio. Se restringe el ingreso a personas con antecedentes penales graves o vinculadas a delitos contra la vida, la integridad sexual o el orden constitucional.

En educación, los residentes temporarios pueden acceder a niveles inicial, primario y secundario, incluso en situación irregular. Para la educación superior pública, se permite cobrar aranceles, aunque siguen disponibles becas nacionales e internacionales.

En salud, los residentes temporarios deben contar con seguro médico, aunque se garantiza atención en emergencias sin importar la situación migratoria.

Para naturalizarse, se requiere residencia mínima de dos años o realizar una inversión “relevante” en el país.

Además, se eliminan residencias permanentes por antecedentes penales o incumplimiento de requisitos, y se establecen límites para ausentarse del país sin perder la residencia.

La Dirección Nacional de Migraciones podrá prohibir el ingreso hasta por cinco años o más, según la gravedad.

Esta reforma busca fortalecer el control migratorio y regular el acceso a servicios públicos, en línea con los objetivos del Gobierno para “ser un país serio”.