
Asegura que la reforma no extiende la jornada y busca fomentar inversiones.
El Gobierno advierte que la ley podría afectar el equilibrio fiscal y comprometer las finanzas públicas.
NACIONALES11/09/2025
Redacción
El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario con 58 votos a favor, apenas 10 en contra y tres abstenciones. La norma obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas según la inflación informada por el INDEC desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción. Además, establece paritarias obligatorias cada tres meses, con aumentos mensuales que no pueden estar por debajo del índice de precios.
A pesar del amplio respaldo legislativo, el Gobierno ya anticipó que vetará la ley, lo que abriría un nuevo frente de conflicto con el Congreso, que podría insistir con dos tercios de los votos en ambas Cámaras. En este contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un video institucional donde su rector y los decanos pidieron que la ley sea reglamentada. “Cuidemos lo que funciona”, fue el mensaje final del video, que advierte sobre la emergencia salarial que atraviesa la institución.
La decisión del Ejecutivo de vetar esta norma se suma a otras medidas controvertidas, como el rechazo a declarar la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y la negativa a distribuir los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) reclamados por las provincias. Estas acciones, tomadas tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses, refuerzan la postura del presidente Javier Milei de mantener el equilibrio fiscal como prioridad.
El rechazo a las iniciativas votadas por el Congreso podría profundizar la tensión política, tanto con las universidades como con los gobernadores. Mientras algunos sectores preparan movilizaciones y posibles medidas de fuerza, el oficialismo se enfrenta a una creciente presión social e institucional en un escenario marcado por la pérdida de apoyo político.

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Las acciones y títulos públicos argentinos en Wall Street registran ganancias tras los recientes comicios, aunque generan cautela entre los inversores.

La medida reabre la discusión sobre salario y aportes previsionales.