Ajuste universitario en debate

El debate sobre el financiamiento universitario se reavivó con el nuevo proyecto oficial, que plantea aumentos salariales del 4,1% en marzo, julio y septiembre de 2026 para docentes y no docentes, acumulando un 12,8% sin cláusula de actualización por inflación. En cuanto a los gastos de funcionamiento, la propuesta condiciona su ajuste a que la inflación supere el 14,6% previsto en el Presupuesto 2026, mientras que los hospitales universitarios recibirían un refuerzo fijo cercano a los 80.000 millones de pesos, sin mecanismos automáticos de corrección.

Las diferencias fiscales con la aplicación de la Ley 27.795 son marcadas. Según estimaciones del IERAL, el gasto universitario alcanzaría los 6,8 billones de pesos en 2026 (0,76% del PIB) bajo ese régimen, frente a los 5,5 billones proyectados por el Ejecutivo (0,53% del PIB), en línea con sus metas fiscales.

El informe también advierte problemas estructurales del sistema: aunque las universidades nacionales concentran más de 2 millones de estudiantes, la tasa de graduación cayó del 5% al 4% desde 2004, con un crecimiento de egresados menor al de la matrícula. En comparación internacional, Argentina presenta niveles de graduación más bajos que países como Chile y Brasil, en un contexto de ingreso irrestricto y sin evaluaciones estandarizadas a nivel nacional. Además, una proporción significativa del gasto público universitario beneficia a los sectores de mayores ingresos.

En este escenario, el análisis propone alternativas de financiamiento que no incrementen el gasto total, como aportes de egresados o mayor participación privada. El trasfondo del conflicto refleja la tensión entre la política fiscal del gobierno de Javier Milei y el modelo histórico de universidad pública, mientras la comunidad universitaria prepara una nueva movilización nacional para el 12 de mayo en defensa del sistema.