Tensión por el financiamiento universitario

En la antesala de la Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional volvió a defender su postura sobre el financiamiento de las universidades públicas y puso el eje en la necesidad de mayor transparencia en el uso de los recursos. Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se insistió en que no existe una intención de afectar a la universidad pública, sino de mejorar la eficiencia y el acceso a la información sobre el gasto estatal en educación superior.

En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó el funcionamiento del sistema de datos administrado por el Consejo Interuniversitario Nacional y señaló que durante años no se contaron con indicadores actualizados sobre costos por alumno y por graduado. Según información de Infobae, el Gobierno también analiza cambios en los criterios de distribución de fondos destinados a hospitales universitarios, que hasta ahora se manejaban con mecanismos considerados poco uniformes.

El oficialismo sostiene además que la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2024 y luego vetada por el presidente Javier Milei presenta problemas legales y presupuestarios que impiden su aplicación. Entre los argumentos, se menciona que la norma implicaría aumentos de gasto que no cuentan con una fuente de financiamiento clara y que su implementación afectaría el equilibrio fiscal.

En paralelo, el Gobierno difundió datos sobre el sistema universitario, como la cantidad de estudiantes y diferencias en los costos de formación entre instituciones. En ese contexto, se anunció la intención de crear una plataforma digital para consultar el destino de los fondos públicos y se anticipó la conformación de una comisión con rectores de universidades con hospitales propios para definir criterios de reparto más transparentes y consensuados.