Revés judicial para el Ejecutivo: la UBA celebró el fallo de la Corte que convalida la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo clave al dejar firme una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Con las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal rechazó la postura del Gobierno de condicionar la norma (Ley 27.795) mediante un decreto que exigía determinar fuentes específicas de fondos.

El fallo ordena la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, lo que implica actualizar los salarios del personal docente y no docente frente al desfasaje acumulado desde diciembre de 2023, además de recomponer las becas estudiantiles. La cautelar, sin embargo, no incluyó la recomposición presupuestaria global de los años 2024 y 2025.

La resolución fue recibida con entusiasmo en el ámbito académico. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó que la Corte reafirmó que el Ejecutivo debe cumplir la ley y afirmó que "luchar por lo correcto siempre vale la pena". En sintonía, Emiliano Cagnaci, secretario general del gremio docente Aduba, señaló que "el Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no" y definió el fallo como un claro mensaje político.

Aunque el impacto económico inmediato está matizado por un reciente acuerdo paritario del 24,33% firmado el 10 de junio, desde la UBA advierten que la decisión judicial funciona como un "aval implícito". Este precedente será clave de cara al 15 de septiembre, fecha en la que se reabrirá la discusión salarial para revisar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.