Multas millonarias por explotación ilegal

El proyecto todavía no tiene fuerza de ley y deberá atravesar el debate y la aprobación de ambas cámaras del Congreso para avanzar hacia una eventual entrada en vigencia. La iniciativa propone un nuevo esquema de sanciones para determinadas actividades vinculadas con recursos naturales e hidrocarburos.

Entre las principales medidas aparece un sistema de multas calculadas según el valor equivalente a barriles de petróleo. Para las actividades prohibidas, las sanciones económicas irían de 4.000 a 500.000 barriles, mientras que también podrían aplicarse suspensiones o cancelaciones de permisos e inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.

El régimen contempla penas más elevadas para determinadas infracciones relacionadas con hidrocarburos. La exploración o explotación no autorizada de recursos no renovables podría recibir penas de 12 a 20 años de prisión. En tanto, para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos se plantean condenas de entre 15 y 20 años y multas de hasta el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.

La iniciativa también extiende posibles responsabilidades a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales para esas actividades cuando conozcan su destino. En esos casos, se prevén penas de cinco a siete años de prisión. Las empresas involucradas podrían enfrentar además la suspensión o revocación de habilitaciones, restricciones para contratar con el Estado e incluso, en determinadas circunstancias, su disolución.

El proyecto incorpora además mecanismos para las compañías que deban abandonar las actividades alcanzadas por el régimen. La autoridad de aplicación podría fijar plazos de salida de entre 30 y 180 días, contemplando la continuidad de servicios y los derechos de trabajadores y terceros. A su vez, el Régimen de Desistimiento y Regularización permitiría a quienes cesen las actividades cuestionadas acceder a determinadas condiciones para regularizar su situación, incluyendo el pago de multas o la realización de inversiones legales en el país.