Lo hizo el senador Pablo Priore a través de un proyecto para que el delegado de Vialidad Nacional active las decisiones administrativas y continúe la reconstrucción. No habría comprobantes de inspección para justificar pagos
En la Legislatura, la Cámara baja aprobó la llamada Ley de Arraigo, propuesta del legislador Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, quien señaló que “el espíritu de esta ley busca solucionar una parte importante de las debilidades estructurales de una parte de la población rural dispersa. Su sanción haría que miles de puesteros de Mendoza dedicados a la crianza de animales de pastoreo, sean reconocidos como propietarios, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias”.
La norma, entre otras cosas, busca legitimar jurídicamente la posesión y tenencia de esas tierras y sanear los títulos de propiedad que pudiesen acreditar sus actuales habitantes. En su mayoría, se trata de familias de crianceros radicados en cercanías de Malargüe y San Rafael, que por generaciones ocupan tierras fiscales o nunca reclamadas.
El legislador fue muy duro al afirmar que “ante un gobierno que sólo demuestra interés en realizar gestiones para empresas mineras e inmobiliarias, el Partido Verde ha demostrado su compromiso para poder otorgarles la seguridad jurídica y de ese modo garantizar a las familias de crianceros poder sostener sus puestos, sus trabajos y su cultura"
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