El presidente concretará desembarcos en dos provincias en un lapso de cinco días, ya que el nueve de Julio se realizará la firma del Pacto de Mayo en Tucumán.
El jefe de Estado llegará acompañado por una comitiva integrada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario del Consejo Federal de Educación, José Thomas, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El Plan Nacional de Alfabetización de Argentina es una iniciativa gubernamental para mejorar las habilidades de lectura, comprensión y escritura en todos los estudiantes del país. Surgió a través del decreto 579/2024 publicado en el Boletín Oficial, se elaboró con el acuerdo unánime de las 24 provincias en el Consejo Federal de Educación.
El objetivo es revertir los bajos niveles de alfabetización, especialmente en los primeros ciclos educativos. Se enfoca en garantizar competencias adecuadas para tercer grado, oportunidades equitativas para estudiantes desde cuarto grado en adelante, y establecer mecanismos de evaluación para mejorar la calidad educativa.
El programa utiliza fondos de uno que ya existía, Argentina Lee, aunque esta vez se utilizarán de otra manera ya que no implicará envíos de libros sino de actividades en las aulas.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
Con los vetos en suspenso y el Congreso como campo de disputa, el Gobierno de Milei busca retomar la iniciativa sin ceder en su cruzada fiscal.
Fernández Sagasti votó a favor, mientras que Suarez estuvo ausente y Juri se retiró en desacuerdo con el procedimiento parlamentario.
Con el apoyo de Chubut y Mendoza, el país busca explotar sus recursos uraníferos para fortalecer la matriz energética nacional.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
La jueza de Nueva York acusó al Estado de incumplir condiciones judiciales y habilitó la ejecución del fallo por USD 16.000 millones. El Gobierno evalúa apelar hasta la Corte Suprema de EE.UU.
