
Lo hizo el senador Pablo Priore a través de un proyecto para que el delegado de Vialidad Nacional active las decisiones administrativas y continúe la reconstrucción. No habría comprobantes de inspección para justificar pagos
Luego del laudo del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que políticamente aparece en contra de la provincia de Mendoza sobre Portezuelo del Viento, unos y otros salieron a exponer sus posiciones, de acuerdo a su color político. La “distinta” fue la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, que sobre este tema le salió a pegar a todos por igual.
Luego de coincidir que el laudo presidencial es “muy mala noticia para Mendoza y para el país”, Anabel filosofo diciendo que “no es casualidad, es causalidad” y ahí es cuando, metafóricamente, “prende el ventilador”. A Rodolfo Suarez le alude “falta de trabajo y gestión”, al presidente falta de voluntad, “mala fe” al gobernador de La Pampa y escaso consenso al COIRCO.
Ampliando su parecer con respecto a Alberto Fernández, le endilga una “decisión cómoda para el presidente de la Nación”, en tanto que “le sugiere” a Suarez que “debe decidir si lo que no hizo en tres años, que es lo que requería el laudo de Mauricio Macri, lo va a hacer o definirá por otra obra hidroeléctrica”.
De todas formas, la senadora nacional se pone a disposición “para contribuir a un diálogo serio entre Nación y Provincia sin victimizaciones ni dilaciones que sigan manteniendo paralizado el dinero de los mendocinos”. Recomienda poner “recursos y trabajo por encima de cualquiera disputa partidaria”
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Lo presentó el diputado provincial Germán Gómez y tiene como objetivo la creación de un Sistema Digital de Bienes Recuperados o Secuestrados en Mendoza. Es para que sean entregados a sus legítimos dueños rápidamente y con el menor deterioro
Fueron expresiones del analista político y consultor que dialogó en el programa “Cerca del Vecino” que se emite en la radio streaming de Floyd Tv. Cómo el “libertario” le corre la agenda a sus contrincantes
El decreto 615 oficializó un 13% de incremento hasta junio de 2025.
La decisión fue tomada por mayoría de senadores y con más de seis horas de debate, siendo la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza una nominación judicial.
El Decreto 601 asegura la permanencia de empleados contratados y prestadores de servicios, sin necesidad de realizar nuevos trámites.