Se trata de fondos adquiridos durante el kirchnerismo, por lo que el Ministro Luis Petri ordenó la realización de auditorías para determinar qué ocurrió con los fondos y con el equipamiento.
NACIONALES11/07/2024
Redacción
Autoridades del ministerio de Defensa detectaron irregularidades por $200 millones en la compra de drones y aviones que nunca se entregaron, según confirmaron a NA fuentes de la cartera a cargo de Luis Petri, se trataría de contratos realizados durante la gestión de Cristina Kirchner con empresas para la provisión de material militar como drones, aviones y remolcadores.
El Estado argentino pagó una suma considerable por materiales y modernización de unidades, incluyendo el proyecto del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), al que se destinaron 200 millones de pesos.
El objetivo del SARA era desarrollar dos prototipos de drones, pero estos nunca se completaron. Además, se investiga el desembolso de millones de dólares para aviones Pampa y Pucará IA100 que no fueron entregados.
En 2015, el Gobierno firmó un acuerdo con INVAP para desarrollar los prototipos de Sistemas Aéreos No Tripulados, con una inversión total proyectada de más de 2 mil millones de pesos. Hasta 2016, se pagaron 200 millones a través del Ministerio de Defensa, pero el contrato quedó pendiente.
En noviembre de 2017, bajo la gestión de Oscar Aguad, el ministerio solicitó a INVAP un informe detallado sobre el progreso y los costos asociados al contrato del SARA.
El ministerio solicitó auditorías a las distintas empresas de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), para luego analizar la presentación de acciones judiciales
Con 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, la Cámara Alta habilitó el avance de la explotación de cobre en Uspallata, considerado uno de los proyectos estratégicos para diversificar la matriz productiva provincial.
La medida alcanza a soja, maíz, trigo y girasol, y recibió el respaldo de las principales entidades del campo.
El decreto fija una agenda legislativa limitada.
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