
El gobernador de Mendoza denuncia cambios arbitrarios en las reglas y una dirigencia “profesional” pero poco seria.

El Senado aprobó tres leyes impulsadas por la oposición: mejoras en las jubilaciones, reactivación de la moratoria previsional y declaración de la emergencia en discapacidad. El bloque opositor, con votos del kirchnerismo, radicales disidentes y senadores provinciales, logró avanzar sin resistencia efectiva de La Libertad Avanza, que apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por permitir el tratamiento. Desde la Casa Rosada ya se analizan posibles vetos y acciones judiciales.
La nueva normativa previsional establece un aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, excluyendo regímenes especiales, y eleva el bono mensual a $110.000 con actualización por inflación. También se reactivó por dos años la moratoria que permite acceder a la jubilación mínima sin los 30 años de aportes. La oposición defendió el proyecto señalando fuentes de financiamiento alternativas, mientras que el oficialismo y aliados rechazaron la moratoria por considerar que no resuelve el problema estructural del sistema.
En cuanto a discapacidad, se sancionó una ley que declara la emergencia hasta 2027, reformula pensiones no contributivas y propone mejoras en la gestión del Certificado Único de Discapacidad. La norma recibió amplio respaldo, incluso de legisladores cercanos al oficialismo, que reconocieron la necesidad de dar respuesta a un sector históricamente postergado.
Las votaciones se realizaron en medio de fallas técnicas en el sistema electrónico, por lo que gran parte del debate se definió a viva voz. A pesar de esas irregularidades, las leyes fueron aprobadas con 39 avales, 14 negativos y una abstención. Por su parte, la emergencia en discapacidad, que sí pudo realizarse por medios electrónicos, se aprobó con 56 afirmativos.

Las colocaciones de deuda de empresas y provincias impulsaron el ingreso de divisas y mejoraron la percepción de los mercados.

La provincia impulsa el enoturismo y el turismo de bodas.

El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, impulsa la creación de una fuerza especializada para patrullar los pasos fronterizos y combatir delitos como la trata, el narcotráfico y el terrorismo.