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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad del tope salarial en Mendoza, confirmando una decisión previa de la Suprema Corte provincial.
AMPROS, en contra de la Ley 8727 de 2014, que establece un límite salarial para los empleados públicos, presentó una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, en mayo de 2023, la Corte de Mendoza rechazó la impugnación, validando la ley.
AMPROS apeló a la Corte Nacional, que concedió parcialmente el recurso en septiembre de 2023, pero la falta de impulso procesal por parte de AMPROS llevó a la solicitud de caducidad de la instancia por parte del Gobierno mendocino.
El 3 de abril de 2025, la Corte Nacional declaró la caducidad del recurso, poniendo fin a la controversia sobre el tope salarial y agotando las instancias legales para AMPROS.
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