La Legislatura provincial aprobó por unanimidad dos reformas que permiten sancionar individualmente a funcionarios públicos que ignoren o demoren respuestas ante demandas judiciales. Las modificaciones, impulsadas por el senador Armando Magistretti, buscan agilizar los procesos y frenar la inacción estatal que afecta tanto a los ciudadanos como a las finanzas públicas.
Una de las leyes incorpora al Código Procesal Administrativo la figura de “denegación tácita”, habilitando acciones judiciales cuando no hay respuesta formal por parte del Estado. En estos casos, deberá identificarse al funcionario responsable, quien podrá ser sancionado disciplinariamente. Además, se modificó el Código Procesal Civil para que los funcionarios que incurran en mora judicial asuman las costas del juicio de forma solidaria.
También se establece que los informes judiciales en causas por demora deberán ser firmados por autoridades con competencia directa en los expedientes, reforzando su obligación de responder. La medida busca cortar con prácticas burocráticas que generan dilaciones y trasladan el costo al Estado.
Según la Fiscalía de Estado, solo en 2024 la provincia pagó más de $6.900 millones en cumplimiento de sentencias, de los cuales el 75% fueron intereses por demoras. Para 2025, el presupuesto contempla más de $3.000 millones para afrontar juicios ya resueltos. Con este nuevo marco legal, el foco se desplaza hacia la responsabilidad individual por la ineficiencia administrativa.
El municipio logró superar la segunda auditoría externa del sistema de gestión ISO 9001, acercándose a una certificación clave para modernizar el Estado local.
Con apenas 40 % de los negocios abiertos en el centro, el feriado nacional llega acompañado por un fuerte descenso de temperatura y la llegada de un frente frío que advierte heladas y posible llovizna.
La fábrica producirá papel higiénico y servilletas y ya emplea a 25 internos. Es la primera experiencia de este tipo en Mendoza que articula al Estado con el sector privado.
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El ministro mendocino aseguró que el organismo no dejará de operar, sino que atravesará una etapa de reorganización. Advirtió que las funciones clave seguirán en manos del Estado.
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