Nueva ley contra la inacción estatal: funcionarios podrán ser sancionados

La Legislatura provincial aprobó por unanimidad dos reformas que permiten sancionar individualmente a funcionarios públicos que ignoren o demoren respuestas ante demandas judiciales. Las modificaciones, impulsadas por el senador Armando Magistretti, buscan agilizar los procesos y frenar la inacción estatal que afecta tanto a los ciudadanos como a las finanzas públicas.

Una de las leyes incorpora al Código Procesal Administrativo la figura de “denegación tácita”, habilitando acciones judiciales cuando no hay respuesta formal por parte del Estado. En estos casos, deberá identificarse al funcionario responsable, quien podrá ser sancionado disciplinariamente. Además, se modificó el Código Procesal Civil para que los funcionarios que incurran en mora judicial asuman las costas del juicio de forma solidaria.

También se establece que los informes judiciales en causas por demora deberán ser firmados por autoridades con competencia directa en los expedientes, reforzando su obligación de responder. La medida busca cortar con prácticas burocráticas que generan dilaciones y trasladan el costo al Estado.

Según la Fiscalía de Estado, solo en 2024 la provincia pagó más de $6.900 millones en cumplimiento de sentencias, de los cuales el 75% fueron intereses por demoras. Para 2025, el presupuesto contempla más de $3.000 millones para afrontar juicios ya resueltos. Con este nuevo marco legal, el foco se desplaza hacia la responsabilidad individual por la ineficiencia administrativa.