El Gobierno de Javier Milei comienza una semana clave tras haber sufrido una dura derrota legislativa en el Senado, donde se aprobaron tres leyes con impacto fiscal, incluido un aumento jubilatorio, y se rechazó en primera instancia un veto presidencial. Mientras Milei insiste en que “la política del superávit es permanente”, el oficialismo busca contrarrestar la avanzada parlamentaria con dos opciones: vetar las leyes o judicializar la sesión que considera inválida.
Consciente de que en el Senado tiene pocas chances de revertir el escenario, el Ejecutivo centra su estrategia en la Cámara de Diputados, donde la correlación de fuerzas le resulta más favorable. Allí apunta a sostener los vetos promoviendo abstenciones, ausencias o negociaciones con bloques provinciales, como los de San Juan o Tucumán. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lidera las conversaciones con gobernadores, mientras que Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem articulan la estrategia legislativa.
A pesar del discurso confrontativo de Milei, en el Gobierno reconocen la necesidad de abrir canales de diálogo. Aunque por ahora no hay una cumbre formal con mandatarios provinciales en agenda, se especula con una reunión informal en la Exposición Rural del jueves, donde fueron invitados todos los gobernadores. Este evento podría convertirse en un espacio de acercamiento en medio de la tensión política.
En paralelo, el martes el Presidente recibirá a la Mesa de Enlace en Casa Rosada para tratar temas de agenda abierta vinculados al campo.
Fernández Sagasti votó a favor, mientras que Suarez estuvo ausente y Juri se retiró en desacuerdo con el procedimiento parlamentario.
Jubilaciones, moratoria y discapacidad: el bloque opositor avanzó sin trabas ante un oficialismo fragmentado; la Casa Rosada reacciona con amenazas de veto y judicialización.
Jubilaciones, discapacidad y fondos para provincias, entre los puntos más destacados.
El presidente compartió mensajes que califican a su vicepresidenta de “traidora” y “demagoga”. La respuesta llegó con reclamos por maltrato y distancia política.
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
Con los vetos en suspenso y el Congreso como campo de disputa, el Gobierno de Milei busca retomar la iniciativa sin ceder en su cruzada fiscal.
