El oficialismo busca avanzar con el proyecto mientras crecen las advertencias sobre costos políticos y financieros.
La mañana de este miércoles encontró a la Legislatura provincial rodeada por efectivos policiales y vallas de seguridad. A medida que avanzaron las horas, distintas columnas sindicales llegaron al lugar, anticipando una jornada marcada por la tensión y las protestas.
El motivo es el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma del Estatuto General del Empleo Público, un proyecto del Ejecutivo que busca introducir cambios profundos en las condiciones laborales de los estatales. Según trascendió, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para obtener la media sanción.
Las críticas más fuertes giran en torno a la creación de la figura del “personal de planta interino”, que no tendrá la estabilidad garantizada por la Constitución provincial. Se trata de quienes accedan o sean promovidos a cargos vacantes sin cumplir con los requisitos de idoneidad y concursos establecidos.
El texto también incluye modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones para empleados con mayor antigüedad, unificación de fórmulas y la eliminación de los cargos hereditarios contemplados en normas anteriores.
Los gremios estatales denunciaron que estas reformas representan un retroceso en derechos adquiridos y advirtieron que profundizarán las medidas de fuerza si la iniciativa avanza.
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