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El Senado de Mendoza aprobó este martes la reforma del Estatuto del Empleado Público, un proyecto impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo que busca actualizar una normativa vigente desde 1973. La votación terminó en empate (19 a 19) y fue definida por la vicegobernadora Hebe Casado, quien votó a favor. La iniciativa generó un fuerte cruce político y fue rechazada por sectores de la oposición que cuestionaron la falta de consenso.
La senadora peronista Adriana Cano se expresó en contra del proyecto, al que calificó como una herramienta para "precarizar el empleo público" y "ratificar fracasos paritarios". Además, criticó el uso de decretos para otorgar aumentos salariales y denunció un "modelo de concentración de poder" por parte del Ejecutivo provincial.
Entre los puntos clave de la reforma se destacan la ampliación del alcance del estatuto a más trabajadores estatales, la diferenciación de derechos laborales entre empleados permanentes y contratados, y la actualización de criterios para el cómputo de antigüedad e indemnizaciones. También se introducen cambios en los procedimientos administrativos, eliminando instancias obsoletas y adoptando normas más ágiles.
Desde el oficialismo, se defendió la reforma como una modernización necesaria para el funcionamiento del Estado provincial. Sin embargo, la ajustada votación y las críticas de la oposición anticipan que el debate sobre el empleo público y la relación entre el Ejecutivo y los gremios seguirá vigente en Mendoza.

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