
La campaña es gratuita, se extiende hasta fines de agosto y apunta a proteger a los recién nacidos durante.

Luego de las elecciones legislativas provinciales de octubre de 2025, una parte del electorado mendocino volverá a las urnas el 22 de febrero de 2026 para participar de los comicios municipales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Se trata de los departamentos que el año pasado desdoblaron sus elecciones locales de las provinciales, por lo que definirán autoridades municipales en una fecha distinta.
En todos los casos se renovará la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes. Maipú, Luján de Cuyo y San Rafael pondrán en juego seis de sus doce concejales, mientras que Rivadavia, Santa Rosa y La Paz renovarán cinco de diez. San Rafael sumará una categoría adicional, ya que también se elegirán 24 convencionales municipales encargados de redactar la Carta Orgánica del departamento.
La elección de convencionales en San Rafael se enmarca en el proceso de autonomía municipal iniciado en 2025. Una vez proclamados, los convencionales tendrán 60 días para comenzar a sesionar y, desde la sesión constitutiva, dispondrán de 90 días para debatir y aprobar el texto que regulará el funcionamiento institucional, político y administrativo del municipio, bajo principios democráticos y con mecanismos de control y participación ciudadana.
El sistema de votación será nuevamente el de Boleta Única Papel. En la mayoría de los departamentos la boleta incluirá solo la categoría de concejales, mientras que en San Rafael contendrá dos tramos: uno para ediles y otro para convencionales municipales. El calendario electoral estableció el inicio de la campaña para el 18 de enero y su cierre el 20 de febrero, cuando comenzará la veda.
En total, entre los seis municipios se presentan trece frentes electorales y tres partidos políticos. Las listas ya fueron elevadas a la Junta Electoral, aunque el proceso de oficialización continúa en etapa de revisión. Persisten, además, definiciones pendientes sobre candidaturas que buscan nuevos mandatos consecutivos, en un contexto atravesado por antecedentes judiciales recientes que podrían influir en la competencia electoral.