Protocolo para inmuebles en riesgo

El Ministerio de Seguridad y Justicia estableció un nuevo protocolo de intervención preventiva administrativa para inmuebles que representen un riesgo para la seguridad pública, en particular aquellos utilizados como aguantaderos o vinculados a actividades ilícitas. La medida fue formalizada mediante la resolución 5425, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según informó el Gobierno de Mendoza, estas propiedades favorecen el delito, el desorden urbano y la victimización de vecinos y transeúntes, además de dificultar que los propietarios recuperen el control de sus bienes. Esta situación genera un proceso de deterioro urbano y social que, de acuerdo con las autoridades, requiere una respuesta institucional más ágil y con respaldo legal.

El protocolo, impulsado por el ministerio que conduce Mercedes Rus, habilita la aplicación de medidas preventivas y temporales que no afectan la titularidad dominial, como tapeos, clausuras, cerramientos o demoliciones parciales controladas. La resolución destaca la necesidad de articular el accionar de la Policía con las competencias municipales, por lo que se invitó a los municipios a suscribir convenios de cooperación.

El procedimiento podrá iniciarse a partir de denuncias policiales o municipales, requerimientos judiciales o pedidos de organismos públicos, privados o particulares. El objetivo de la intervención es neutralizar y proteger los inmuebles en cuestión, mediante acciones proporcionales orientadas a resguardar la convivencia social y la seguridad pública.