El Senado aprobó la reforma penal juvenil

Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo y fijó en 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina. La iniciativa, que ya tenía media sanción de Diputados, fue aprobada durante las sesiones extraordinarias y significó un nuevo triunfo legislativo para La Libertad Avanza. Antes de la votación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la inseguridad.

Desde el oficialismo argumentaron que en los últimos años aumentaron los delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años, incluso en hechos graves, lo que —según señalaron— genera sensación de impunidad. Sostuvieron que la norma actual, vigente desde 1980, quedó desactualizada y que la reforma establece un marco legal moderno para desalentar el uso de menores por parte de organizaciones criminales. El proyecto original proponía bajar la edad a 13 años, pero tras negociaciones se fijó en 14 para alcanzar consensos.

Durante el debate hubo fuertes cruces. El senador Martín Soria, del Partido Justicialista, advirtió que la ley priorizará una respuesta penal por sobre un abordaje integral de protección de derechos y cuestionó que adolescentes puedan ser juzgados por delitos culposos. En el cierre, Bullrich rechazó las críticas y afirmó que la iniciativa garantiza debido proceso, medidas de resocialización y acceso a salud y educación, además de incorporar la responsabilidad civil de los padres.

Tras la sanción, la Oficina del Presidente celebró la aprobación y aseguró que la reforma actualiza un régimen desfasado frente a la realidad criminal. El Ministerio de Justicia la vinculó con el Plan Tolerancia Cero con el Crimen y sostuvo que brinda herramientas para juzgar delitos cometidos por menores que comprendan la criminalidad de sus actos. Con su promulgación, se abre ahora una etapa de implementación que mantiene el debate sobre el equilibrio entre responsabilidad penal y protección de derechos.