Departamento de Estado de Washington publico un informe sobre la práctica de los derechos humanos en el Mundo, en donde se encuentra un capítulo sobre la situación de la Argentina en 2023. pública y cita como ejemplo la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad a seis años de prisión.
En la Sección 4 del capítulo sobre Argentina, bajo el subtítulo Corrupción en el Gobierno, se cita: “La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.
Además en el aparte sobre la corrupción, el informe del 2023 señaló que “en octubre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y exfiguras políticas, incluida la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
Así mismo se expresa en el informe que Cristina Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron señalados por recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y en diciembre de 2022 un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales”.
También se mencionó que, “En octubre, el caso seguía en apelación ante el Tribunal de Casación Penal. En junio, un juez federal desestimó los cargos contra Fernández de Kirchner en un caso separado que investigaba un plan de corrupción en obras públicas, citando pruebas insuficientes. Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otro caso de corrupción financiera en octubre”.
Entre los casos de corrupción se menciona la sentencia contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento y se cita: "El exjuez federal (de Mendoza) Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía” y se agrega que: "el tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva al perder los privilegios de inmunidad cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones”.
Por otro lado, se subraya que "en algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales”.
Para finalizar, el Departamento de Estado cerró diciendo que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos durante el año". "El gobierno adoptó medidas limitadas y creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”.
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