Estos fueron los puntos más discutidos de la aprobada Ley Bases

La vicepresidente aplicó su facultad luego de que el tablero marcara una paridad en 36 votos a favor y en contra, luego de 13 horas de debate; se aprobaron las facultades delegadas gracias a que se retiraron los senadores de Santa Cruz.

El proyecto aprobado volverá en segunda revisión a la Cámara de Diputados, que sólo podrá aceptar los cambios introducidos por la Cámara alta o insistir en el texto que aprobó en la sesión del pasado 30 de abril.

El gobierno consiguió por lo menos un empate de 35 a la hora de votar, gracias al trabajo de Guillermo Francos, quién viene negociando con distintos sectores para conseguir el triunfo logrado.

Uno de los puntos más discutidos de la ley fue el RIGI pero el Senado de la Nación logró la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluido en el capítulo VII de la Ley Bases con un total de 38 votos afirmativos, contra 32 negativos. Los legisladores de Unión por la Patria Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy), acompañaron la iniciativa del oficialismo.

El régimen quedó acotado a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. Además, se introdujo un piso de contratación de proveedores locales del 20% de la totalidad del monto de inversión destinado a esos fines.

Régimen de Inversiones para Grandes Iniciativas (RIGI), las modificaciones se enfocan en varios aspectos:

Reducción de actividades: Limita las inversiones a sectores como el agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.

Desarrollo de proveedores locales: Establece que al menos el 20% de la inversión total en cada proyecto debe destinarse a proveedores nacionales, siempre y cuando haya oferta local disponible y competitiva en precio y calidad.

Modificación de plazos de cobros: Para exportaciones de productos de iniciativas adheridas al RIGI, se establecen plazos de negociación y liquidación en el mercado de cambios, escalonados según el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del proyecto.

Transferencia de activos de VPU: Permite la transferencia de activos de los VPU sin autorización previa, con la obligación de informar a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días siguientes. Los activos pueden ser objeto de diversos tipos de transacciones legales, como prenda, cesión en garantía, fideicomiso, entre otras 

Facultades delegadas:

Se le otorgan al presidente facultades extraordinarias por un año, declarando emergencia en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas. Esto le permite legislar sin pasar por el Congreso hasta mediados de 2025. Sin embargo, hay limitaciones, como la no intervención en ciertos organismos públicos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos. El compromiso del gobierno incluye garantizar el financiamiento de organismos relacionados con ciencia, tecnología e innovación. Durante este período, el presidente podrá legislar mediante decretos, sujetos a control por la Comisión Bicameral legislativo.

Privatizaciones:

De las cerca de 40 empresas consideradas para privatización, solo Intercargo y Energía Argentina S.A. podrán ser vendidas. Otras empresas, como Aysa y los trenes Belgrano, estarán abiertas a la inversión privada bajo concesión. YPF, Aerolíneas Argentinas y los medios públicos seguirán siendo propiedad del Estado.

Régimen laboral:

Se pretende modernizar el régimen laboral y fomentar el empleo formal privado, ofreciendo beneficios a los empleadores que regularicen a sus trabajadores. Sin embargo, elimina sanciones para el trabajo informal al quitar indemnizaciones especiales. El gobierno cree que esto incentivará la contratación, pero el CIFRA-CTA advierte que puede aumentar el empleo no registrado.