
División entre senadores mendocinos por el aumento a jubilados y la moratoria previsional
Fernández Sagasti votó a favor, mientras que Suarez estuvo ausente y Juri se retiró en desacuerdo con el procedimiento parlamentario.
Janina Ortiz fue imputada por coacciones agravadas y amenazas luego de prestar declaración indagatoria ante el fiscal Juan Ticheli, quién citó a Ortiz para el viernes 28 de junio a las 8.30 a fin de notificarle la imputación formal en su contra por "fraude a la administración pública". Causa en la que ya está imputado el marido de Ortiz, el exintendente Daniel Orozco; el ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el yerno de este último, Juan Pablo Pandolfi; y exfuncionarios de la gestión anterior.
Además este miércoles, el fiscal Gabriel Blanco imputó formalmente a Janina Ortiz en la causa por coacción por el delito de "amenazas coactivas", a quién se la acusa de obligar a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un funcionario y grabarlo.
Ortíz declaró que, "Todas las actuaciones que mi defensa realizó fueron en base a como mencioné en mi declaración, inconsistencias, mentiras, contradicciones, que en las mismas denuncias y en las mismas desgrabaciones del Ministerio Público Fiscal le hizo al teléfono de una de las denunciantes. Allí consta que esta fue una causa armada, una causa política y deja constancia de las mentiras. Jamás hubo amenazas mías para que se acostaran con ningún funcionario y menos que iban a perder el trabajo", más tarde agregó "Ellas mismas -las denunciantes- dicen que han armado esto con Cambia Mendoza. Son ellas quienes mencionan a estos políticos, no yo. Entonces en base a eso es que hemos presentado las pruebas"
Además en una de sus declaraciones expresó, "No obligué a nadie a tener relaciones con alguien. Está todo armado, lo dicen las propias pruebas del Ministerio Público. Es una causa armada y muy política".
Por otro lado el Tribunal de Cuentas también sancionó a Ortiz por las irregulares contrataciones de la cooperativa "Manos a la obra", por lo que junto con Osvaldo Oyhenart deberán devolver al municipio alrededor de 60 millones de pesos. El órgano contralor también multó a exfuncionarios y al exintendente Orozco por: 700.000 pesos.
Fernández Sagasti votó a favor, mientras que Suarez estuvo ausente y Juri se retiró en desacuerdo con el procedimiento parlamentario.
Jubilaciones, moratoria y discapacidad: el bloque opositor avanzó sin trabas ante un oficialismo fragmentado; la Casa Rosada reacciona con amenazas de veto y judicialización.
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El evento en Tucumán será protocolar y sin diálogo político. La ausencia de mandatarios provinciales refleja tensiones por fondos y proyectos de ley impulsados desde las provincias.
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