En la apertura del evento, el Gobernador Cornejo destacó el rol de la inteligencia artificial y la digitalización en la modernización del sistema judicial.
Finalmente, el Gobernador Alfredo Cornejo y el Secretario de Planeamiento y Gestión Productiva de la Nación, Juan Pazo, firmaron el convenio que avanzará con la privatización de la empresa metalúrgica IMPSA.
Se trata de la apertura del proceso de capitalización, para que las acciones que posee el Estado argentino y el gobierno de Mendoza, pasen a manos de un inversor privado.
En conferencia de prensa, se develó el misterio y el propio Cornejo afirmó que "no hay un único interés, tenemos varias consultas por estas acciones, por lo que somos optimistas respecto del resultado del proceso de cesión".
En este sentido remarcó que existe apoyo del presidente Javier Milei para llevar adelante "el proceso de capitalización transparente y abierto, que permita el saneamiento de la empresa argentina IMPSA, un emblema de nuestra provincia y el país".
"Cuando se metió el Estado, por distintas vías, es cuando esta empresa empezó a decaer, decae y decaer, sumado a las condiciones generales del país. Queremos revertir ese proceso y hoy damos un gran primer paso", agregó.
Pazo por su parte, ratificó que "si bien hay un fondo de inversión de Estados Unidos que ha hecho una oferta, la idea —que trabajamos en conjunto con Mendoza— es abrir un proceso a otros oferentes por 30 días".
El estado de la compañía
Según se anunció este mediodía en Casa de Gobierno, la compañía mendocina tiene una deuda de 500 millones de dólares y mensualmente pierde 2,5 millones de dólares.
El funcionario nacional recordó que l Estado ha invertido más de 60 millones de dólares desde 2021 y no sirvió para recuperar la competitividad de la empresa.
Hoy en día, el estado es el socio mayoritario y controlante, con el 85% del paquete accionario, de los cuáles, la provincia posee 21,2% y Nación conserva otro 63,7%. El restante 15,1% está en manos de accionistas privados, en su mayoría bancos que reestructuraron la deuda de la empresa.
Con respecto a los trabajadores, el convenio garantiza los puestos laborales y será el oferente el que deberá comprometerse a pagar los sueldos durante los próximos dos meses.
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