
El Senado rechazó los pliegos de Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema
La decisión fue tomada por mayoría de senadores y con más de seis horas de debate, siendo la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza una nominación judicial.
Auditarán a más de 47.000 mendocinos, por el desvío de 3.400 millones de dólares en pensiones no contributivas por invalidez laboral
NACIONALES20/07/2024Una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras descubrirse un fraude en la gestión anterior de pensiones no contributivas por invalidez laboral durante los gobiernos kirchneristas, que abarcó desde 2003 hasta 2015. Por este motivo es que se auditará individualmente a los beneficiarios de estas pensiones, buscando erradicar las prácticas corruptas que se han identificado.
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, solo en el último año de la gestión anterior se desviaron fondos equivalentes a 3.400 millones de dólares.
Por el momento existen 1.224.286 personas que reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral en Argentina, de las cuales miles presentan irregularidades significativas.
Se han encontrado casos de 100.000 niños cobrando dicha pensión, 25.000 personas que trabajan, 60.000 beneficiarios con propiedades incompatibles, y 30.000 extranjeros cuya condición de residencia es desconocida.
Las provincias más afectadas por estas irregularidades son: Chaco en primer lugar, donde el 8,8% de la población, es decir, 99.134 personas, recibe la Pensión No Contributiva.
Después sigue Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires.
En Mendoza,, las autoridades anunciaron que se llevarán a cabo auditorías para verificar la legitimidad de las 47.414 personas que reciben pensiones no contributivas y dar de baja aquellas que resulten falsas.
La decisión fue tomada por mayoría de senadores y con más de seis horas de debate, siendo la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza una nominación judicial.
Anastasia Adem será la interventora encargada de auditar y asegurar el funcionamiento de la empresa durante el proceso de transición hacia la concesión privada.
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