
Lo hizo el senador Pablo Priore a través de un proyecto para que el delegado de Vialidad Nacional active las decisiones administrativas y continúe la reconstrucción. No habría comprobantes de inspección para justificar pagos
Las comisiones conjuntas de Ambiente y de Hidrocarburos y Minería habían dado despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo. Lo que se aprobó fue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la exploración minera, que data de 2014, por 29 votos positivos, 4 negativos y 5 abstenciones.
Uno de los votos negativos fue el del senador Rafael Moyano (FdT) quien afirmó que no “hubo compromiso del Estado en comunicar y explicar claramente a la gente el proyecto”.
El legislador de Guaymallén se expresó muy duramente al señalar “el despliegue de la pauta millonaria del gobierno de Mendoza para difundir su gestión, pero comunica muy superficialmente lo que significa el sulfuro de cobre, el método de extracción por flotación y otros temas relacionados”.
Luego advirtió: “Creo que va a haber muchas dudas después de esta votación y entonces vamos a tener una responsabilidad, que es aclarar. Pero siempre es como que aclaramos después. Había un momento para cambiar la forma y creo, espero estar equivocado, que vamos a caer en la torpeza de no informar ni comunicar correctamente”.
Lo hizo el senador Pablo Priore a través de un proyecto para que el delegado de Vialidad Nacional active las decisiones administrativas y continúe la reconstrucción. No habría comprobantes de inspección para justificar pagos
Lo presentó el diputado provincial Germán Gómez y tiene como objetivo la creación de un Sistema Digital de Bienes Recuperados o Secuestrados en Mendoza. Es para que sean entregados a sus legítimos dueños rápidamente y con el menor deterioro
Fueron expresiones del analista político y consultor que dialogó en el programa “Cerca del Vecino” que se emite en la radio streaming de Floyd Tv. Cómo el “libertario” le corre la agenda a sus contrincantes
El decreto 615 oficializó un 13% de incremento hasta junio de 2025.
La decisión fue tomada por mayoría de senadores y con más de seis horas de debate, siendo la primera vez desde 1983 que el Senado rechaza una nominación judicial.
El Decreto 601 asegura la permanencia de empleados contratados y prestadores de servicios, sin necesidad de realizar nuevos trámites.