Tolerancia Cero con el Crimen

El presidente Javier Milei y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron este jueves el plan “Tolerancia Cero con el Crimen” en el complejo penitenciario de Ezeiza. Se trata de una reforma integral del Código Penal argentino que apunta a endurecer penas para delitos graves, combatir el crimen organizado y reducir la impunidad. La propuesta incluye cambios en figuras penales tradicionales y la incorporación de nuevos delitos que reflejan problemáticas actuales.

Uno de los puntos más destacados de la iniciativa es la penalización de las denuncias falsas vinculadas a delitos sexuales, que serán tipificadas como delitos de alta gravedad. Según explicaron desde el Gobierno, estas prácticas no solo desvían recursos judiciales, sino que también afectan gravemente a personas inocentes y restan credibilidad a víctimas reales. El proyecto contempla penas más severas para quienes incurran en este tipo de engaños, además de restricciones de contacto con las familias de los afectados.

La reforma también incluye penas de hasta 30 años para homicidios simples y agravados, prisión perpetua para crímenes cometidos por barras bravas y hasta 15 años para motochorros, en caso de violencia o reincidencia. Se endurecen además las penas por portación ilegal de armas, incluso armas blancas, y se incorporan delitos como estafas piramidales, secuestros virtuales y el accionar de las denominadas "viudas negras". Todo será abordado bajo una mirada más estricta y preventiva.

En paralelo, el Gobierno impulsa un código penal juvenil que reduzca la edad de imputabilidad a los 13 años, con el fin de juzgar a menores que cometan delitos graves bajo un régimen más riguroso. Esta medida, separada del proyecto principal, será también enviada al Congreso en las próximas semanas.

Milei remarcó que la aprobación de estas reformas dependerá de los legisladores, a quienes instó a “ponerse del lado de las víctimas”. La propuesta del Ejecutivo representa uno de los cambios más profundos en materia penal de las últimas décadas, y anticipa un intenso debate en el Congreso y en la opinión pública sobre seguridad, justicia y responsabilidad penal.