Gobierno impulsa una reforma integral del Código Penal

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal que propone un fuerte endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. La iniciativa alcanza delitos como homicidio, robo, narcotráfico, explotación sexual infantil, trata de personas y siniestros viales cometidos con imprudencia. Según autoridades del Ministerio de Justicia, el objetivo central es elevar los mínimos de pena y evitar que condenados por delitos graves accedan a beneficios que les permitan eludir el cumplimiento efectivo.

Durante la presentación, la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich afirmó que la reforma busca terminar con la “puerta giratoria” del sistema penal. Sostuvo además que los delitos gravísimos, entre ellos el abuso sexual infantil y el homicidio agravado, serán imprescriptibles, mientras que la prisión perpetua se convertirá en una condena literal de por vida. Las penas por corrupción también aumentarán, especialmente cuando los involucrados sean funcionarios públicos.

El texto propone modernizar un Código Penal vigente desde 1921, incorporando nuevas modalidades criminales y ajustando las escalas punitivas según la gravedad de los hechos. Entre los cambios se contempla una protección reforzada para personas en situación de vulnerabilidad, como menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, se amplían los agravantes para delitos violentos y vinculados al crimen organizado.

Otro de los ejes es la creación de figuras específicas para episodios violentos en estadios y espectáculos masivos, así como un refuerzo de las herramientas para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. La reforma también impulsa mecanismos más estrictos de decomiso y extinción de dominio, para impedir que los condenados recuperen bienes obtenidos ilegalmente. En materia ambiental, se incorpora la figura de ecocidio y se incrementan las penas por daños graves a ecosistemas.

El proyecto mantiene íntegramente la vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y actualiza los tipos penales relacionados con violencia de género, sumando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Se incluyen además nuevas figuras de cibercrimen, como el fraude informático, la usurpación de identidad digital y la llamada “pornovenganza”.

La iniciativa contempla un capítulo destinado a la protección del orden electoral, con más de treinta figuras dirigidas a prevenir la manipulación digital, la desinformación y cualquier acción que distorsione la libertad de voto. En conjunto, la reforma busca actualizar la respuesta penal frente a delitos tradicionales y emergentes, fortaleciendo el sistema de sanciones y priorizando la seguridad pública y la protección de derechos fundamentales.