
El Gobierno oficializará una suba salarial para el Gabinete, pero Milei y Villarruel no percibirán el incremento.

El Gobierno de Javier Milei busca sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias del Congreso. La semana próxima comenzarán las instancias formales, con una reunión de la mesa política para definir la estrategia legislativa y el trabajo de una comisión técnica del Senado que evaluará las observaciones de la CGT y del sector empresario. Mientras tanto, los contactos políticos ya están en marcha, con gestiones encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el respaldo de Patricia Bullrich y Martín Menem, quienes admiten que el proyecto puede sufrir modificaciones para asegurar su aprobación.
En el oficialismo prevalece el optimismo a partir de las señales de acompañamiento de gobernadores, bloques provinciales y sectores del radicalismo, que ya jugaron un rol clave en debates recientes como el Presupuesto 2026. En el Senado, La Libertad Avanza parte de una base limitada de votos y necesita sumar apoyos de la UCR y de legisladores alineados con mandatarios provinciales, varios de los cuales mantienen vínculos fluidos con la Casa Rosada.
Las negociaciones también alcanzan a provincias como Chubut, Salta y Misiones, además de sectores del peronismo no alineado, cuyos gobernadores se muestran dispuestos a negociar. Sin embargo, el capítulo tributario del proyecto concentra las principales resistencias, ya que las provincias advierten que la reducción de impuestos a empresas implicaría una fuerte pérdida de recursos coparticipables, estimada en más de un billón de pesos.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo necesita completar el quórum con votos de aliados provinciales y del radicalismo, que analiza posibles cambios antes de definir su postura final. En este contexto, el desenlace de la reforma laboral dependerá de la capacidad del Gobierno para conceder modificaciones fiscales y construir los consensos necesarios en ambas cámaras.