El comunicado oficial señala que la nueva ley implica un gasto adicional del 1,2 por ciento del PBI, lo que generará un gasto adicional que representa el 25% del PIB en términos dinámicos.
El Gobierno busca consenso con la oposición para reformar la fórmula de movilidad jubilatoria y evitar un veto decisivo, ante el desafío de un impacto fiscal potencialmente significativo.