
Argentina busca frenar la entrega de acciones de YPF en litigio en Nueva York
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
El titular del CEC, Fernando Ligorria, expresó este viernes su respaldo a la protesta contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus, actualmente en tratamiento en el Congreso de la Nación.
20/01/2024El Centro de empleados de comercio dio a conocer alguna de las razones por las cuales apoyan el paro del 24 de enero en contra del DNU, una de ellas fue que su contenido viola de manera el derecho de los trabajadores consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, también expresaron que no hay motivos de necesidad y urgencia.
En el comunicado, firmado por Fernando Ligorria, Secretario general del CEC, aseguró que “a partir de su vigencia (DNU), de prosperar la iniciativa nacional, los trabajadores se verán afectados en su estabilidad laboral, sistema indemnizatorio por despido sin causa, limitación de la jornada de trabajo y pago de horas extras, falta o deficiente registración laboral, tercerización de prestaciones laborales, renunciabilidad de derechos adquiridos, período de prueba de 8 meses”.
Roberto Macho, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmo que también se adherirán al reclamo nacional, al igual que los Bancarios, noticia que se conoció hace apenas algunos días.
Tanto en nivel nacional como provincial, ya se anunció que se le descontará el día a los estatales que se unan al paro, aun sabiendo esto, los sindicatos se siguen sumando a la medida de fuerza.
A continuación el comunicado del Centro de Empleados de Comercio.
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
La jueza de Nueva York acusó al Estado de incumplir condiciones judiciales y habilitó la ejecución del fallo por USD 16.000 millones. El Gobierno evalúa apelar hasta la Corte Suprema de EE.UU.