La causa penal que investiga el presunto desvío de una suma millonaria mediante el programa "Enlazados", es llevada por la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos.
El gobernador Alfredo Cornejo instruyó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para “hacerse parte querellante y actor civil en las actuaciones penales” de la investigación.
Además Cornejo sentenció "Esperamos que la justicia rápidamente ya los impute de una buena vez".Por otro lado, también mencionó que las pruebas fueron presentadas por el propio gobierno. Y agregó "Queremos que tengan sanción y además que se vea adónde fue a parar ese dinero y que lo devuelvan quienes se lo llevaron ilegalmente”.
Recordemos que se trata de la ex empleada Valentina Cáceres de 20 años y su pareja, un joven de 19 años, además de una treintena de beneficiarios de una empresa fantasma que serían a los que la ex técnica usó para derivar los fondos de la estafa.
El modus operandi era el siguiente: cargar de forma fraudulenta el ingreso al sistema de 31 personas. Esos sujetos fueron vinculados mediante sus cuentas bancarias (CBU). Además también cargaba datos y luego los eliminaba, de esta manera la joven recibió mensualmente una suma de 200 mil pesos.
Por su parte, son al menos 10 empresas las que falsificaron las constancias de cumplimiento fiscal que entrega ATM para poder renovar los beneficios de "Enlazados"; entre estas compañías están Grupo Broda, Cartellone Oil&Gas, Expreso Luján, Rabadán S.A., Oeste Cableados S.A., Almirante Chesco SAS, MICA S.A. y algunas personas físicas, todas por el delito: "de uso de documento o certificado falso".
Aunque al no haber existido daño patrimonial, el fiscal archivaría todos los expedientes.
"El modus operandi de la administrativa consistía en cargar y borrar los datos fraudulentos de los beneficiarios cada mes, en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios", así lo explicaron desde Producción.
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