La Cámara de Senadores provincial dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Seguridad Vial. Este cambio en la Ley 9024, introduce importantes modificaciones, especialmente para los conductores que superen el límite de alcoholemia de 0,5 g/l.
Cabe destacar que días atrás se sancionó que por ley los conductores ebrios deberán pagar su estadía en hospitales públicos de Mendoza.
Si un conductor resulta positivo, la ley establece que “la sanción de inhabilitación podrá ser aumentada hasta 365 días, pudiendo el juez disponer fundadamente la necesidad de concurrencia del infractor a cursos de capacitación, prevención y/o conducción responsable".
La ley además habilita a la Justicia a no devolver los vehículos secuestrados hasta que los conductores no hayan cumplido la pena administrativa impuesta.
Este proyecto de ley tiene varios objetivos. Primero, simplificar el proceso de certificación de alcoholímetros. Esto significa que las universidades y otras instituciones podrían realizar la calibración en lugar de pasar por trámites complicados y lentos.
Segundo, introduce sanciones más severas para quienes conduzcan con niveles de alcohol en la sangre que superen los límites permitidos más de una vez. Esto podría incluir la pérdida del derecho a conducir por hasta un año y la obligación de seguir cursos de educación y prevención, según decida el juez.
El municipio logró superar la segunda auditoría externa del sistema de gestión ISO 9001, acercándose a una certificación clave para modernizar el Estado local.
Con apenas 40 % de los negocios abiertos en el centro, el feriado nacional llega acompañado por un fuerte descenso de temperatura y la llegada de un frente frío que advierte heladas y posible llovizna.
La fábrica producirá papel higiénico y servilletas y ya emplea a 25 internos. Es la primera experiencia de este tipo en Mendoza que articula al Estado con el sector privado.
El ministro mendocino aseguró que el organismo no dejará de operar, sino que atravesará una etapa de reorganización. Advirtió que las funciones clave seguirán en manos del Estado.
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