El Gobierno argentino solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska la suspensión del fallo que lo obliga a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF. La presentación busca ganar tiempo mientras se prepara una apelación en segunda instancia. En la Casa Rosada descartan negociar con el fondo demandante, Burford Capital, hasta que haya una resolución definitiva, y advierten que ceder el control accionario de YPF sería un “daño irreparable” para el Estado.
La Procuración del Tesoro argumenta que la sentencia, tal como fue dictada, es de cumplimiento imposible y que, de no obtener la suspensión de Preska, se acudirá directamente a la Corte de Apelaciones. El Gobierno apuesta a que el proceso de revisión permita estirar los plazos durante varios meses, evitando así el riesgo de una ejecución inmediata del fallo.
Uno de los puntos centrales de la estrategia oficial será cuestionar el monto de la indemnización. Fuentes oficiales aseguran que los USD 16.000 millones no son definitivos y que existen fundamentos jurídicos para reducir la cifra, posiblemente a “unos cientos de millones”. Entre los argumentos figuran la fecha de valuación de las acciones, el tipo de cambio aplicado y la forma en que se dolarizó la sentencia.
El litigio continuará por dos vías: por un lado, la discusión sobre la validez de la expropiación de YPF en 2012, y por otro, el reclamo económico. Preska falló en primera instancia que no se respetó el estatuto societario al no extender la oferta de compra a todos los accionistas, como el Grupo Petersen. El Gobierno sostiene que la jueza excedió su jurisdicción y espera revertir el fallo en instancias superiores.
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Busca frenar la ejecución de la sentencia en Estados Unidos y extender los plazos judiciales. Considera “inviable” entregar el control accionario de la petrolera estatal.
