Este martes 22 de julio, la Argentina presentará un descargo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, buscando mantener la suspensión de la sentencia de la jueza Loretta Preska que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes. El gobierno de Javier Milei pretende que la corte extienda esta suspensión durante todo el proceso de apelación para evitar sanciones económicas o daños a la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
Por otro lado, los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF cuestionaron el apoyo legal brindado por el gobierno de Estados Unidos a la Argentina, mediante una intervención amicus curiae. Los demandantes argumentan que este tipo de apoyo es inusual en esta etapa del proceso y que, para ser válido, debe ser solicitado previamente por el tribunal, lo que consideran una irregularidad en el caso.
Además, los demandantes critican que la administración estadounidense no haya respondido a su solicitud de reunión para discutir los errores de interpretación del caso, lo que, según ellos, refleja una falta de familiaridad con los detalles del litigio. Esta postura, afirman, podría estar generando confusión y afectando negativamente la percepción pública en Argentina, donde se interpreta que el respaldo de EE. UU. podría evitar que el país cumpla con la sentencia.
La Corte de Apelaciones deberá decidir si mantiene o levanta la suspensión del fallo. Si se rechaza la solicitud argentina, la orden de entrega de las acciones volvería a estar vigente, lo que podría derivar en graves consecuencias jurídicas y económicas para el país. La resolución del caso tendrá implicaciones tanto para la relación bilateral con EE. UU. como para la confianza de los inversores en Argentina.
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