El gobierno impone restricciones a las contrataciones en el sector público
Estas medidas, van en linea con la política de reducción del Estado, limitando el ingreso de personal y exigiendo un examen de idoneidad.
La Ministra de Seguridad convocó Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro convocaron al comité de crisis y recibirán el apoyo logístico del Ministro de Defensa Luis Petri.
Estas medidas se tomaron tras el ataque a un colectivero al que balearon de un tiro en la cabeza, este hecho paralizó al transporte público de la ciudad, dos sospechosos en moto incendiaron un taxi estacionado en la zona oeste de la ciudad. En otro hecho, individuos con armas dispararon contra la Comisaría 15ª. Esta semana, por otra parte, asesinaron a dos taxistas con balas policiales. Según fuentes policiales, estos ataques serían en respuesta a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de endurecer la situación de los presos de alto perfil en penales provinciales con requisas al estilo Bukele el presidente de El Salvador.
Los vehículos servirán de apoyo para el Comité Operativo Conjunto, que funcionará bajo las órdenes del Comité de Crisis y estará formado por Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Pullaro sumará a la Policía de Santa Fe. Serán supervisados en el terreno por el secretario de Seguridad de la Nación y por el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni.
En sus redes sociales, más presamente en su cuenta de X, la Ministro Patricia Bullrich publicó: COMITÉ DE CRISIS PARA ROSARIO Es imperativo frenar la escalada de violencia en Rosario y restablecer la seguridad interior. Junto al gobernador Pullaro, redoblaremos los esfuerzos de nuestras 5 fuerzas federales y la Policía de Santa Fe y habilitamos la norma de Seguridad Interior que permite el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, a través del ministro Petri. El lunes, en conferencia de prensa, daremos a conocer el plan de refuerzo contra la narcocriminalidad.
Estas medidas, van en linea con la política de reducción del Estado, limitando el ingreso de personal y exigiendo un examen de idoneidad.
Esta medida podría generar un ahorro de entre un 35% y un 40% del costo estimado para las elecciones legislativas de 2025, lo que equivaldría a más de 150 millones de dólares.
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