El Gobierno publicó la primera reglamentación de la Ley Bases

Este lunes el gobierno publicó el primer tramo de la reglamentación de la Ley Bases en el Boletín Oficial.

A través del Decreto 695/2024, se reglamentaron modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y privatizaciones de empresas públicas.

Privatizaciones:

En ese sentido, instrumentaron el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Para el empleo público, se introduce una evaluación anónima para los aspirantes, requisitos de declaración patrimonial y certificación psicofísica, y se permite la contratación ad honorem. Además, se crea un Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad con compensaciones basadas en la antigüedad y se especifican condiciones para indemnizaciones.

Se creó el "Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad", estableciendo una escala de indemnización según la antigüedad:

• Hasta 15 años: 6 meses.
• Más de 15 hasta 30 años: 9 meses.
• Más de 30 años: 12 meses.

Las personas en esta situación percibirán un haber mensual equivalente a su retribución escalafonaria alcanzada, excluyendo otros conceptos remunerativos. La indemnización considerará las retribuciones hasta el pase a disponibilidad y los servicios prestados como personal permanente en la Administración Pública Nacional.

Adicionalmente, los empleados en licencia por enfermedad, maternidad o accidente no pueden ser pasados a disponibilidad, mientras que los próximos a jubilarse serán reubicados temporalmente. Se establece un sistema de puntajes y sanciones por incumplimientos, y se introducen cambios para agilizar los procesos administrativos, permitiendo trámites gratuitos y el uso de medios electrónicos. 

El decreto también introduce cambios en los procesos administrativos de los organismos estatales, entre ellos, se destaca que los trámites de recursos, reclamos e impugnaciones serán gratuitos, salvo excepciones específicas.

Este decreto cubre solo la primera parte de la Ley Bases, dejando pendientes aspectos como el RIGI.