
YPF apuesta al uranio: Un plan estratégico para la energía nuclear del futuro
Con el apoyo de Chubut y Mendoza, el país busca explotar sus recursos uraníferos para fortalecer la matriz energética nacional.
A casi un año, del inicio de gestión del segundo mandato de Alfredo Cornejo, como Gobernador de Mendoza, las reestructuraciones en el estado continúan.
Los cañones apuntan al Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), organismo que podría dejar de existir, si la Legislatura Provincial aprueba el proyecto de ley que mandó el propio Gobernador a la casa de las leyes con la intención de hacer más eficiente la administración pública y ahorrar dinero.
La iniciativa pretende transferir la asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas, al Departamento General de Irrigación.
En este marco, el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, dijo que el EPAS "así como está, no estaba funcionando”.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, expresó que "la situación institucional del organismos desde hace muchos años es muy débil frente a lo que debe ser un nuevo objetivo de empresa pública y de los municipios prestadores".
Según el proyecto, "resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.
Con el apoyo de Chubut y Mendoza, el país busca explotar sus recursos uraníferos para fortalecer la matriz energética nacional.
La audiencia se realizará el 2 de agosto con modalidad híbrida, transporte gratuito y puntos de acceso remoto para garantizar el acceso de la comunidad.
El municipio logró superar la segunda auditoría externa del sistema de gestión ISO 9001, acercándose a una certificación clave para modernizar el Estado local.
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
La jueza de Nueva York acusó al Estado de incumplir condiciones judiciales y habilitó la ejecución del fallo por USD 16.000 millones. El Gobierno evalúa apelar hasta la Corte Suprema de EE.UU.