
El jefe comunal estuvo presente durante el operativo policial que, tras más de cinco horas de tensión, logró una salida pacífica para la alumna armada en la escuela Marcelino H. Blanco.
A casi un año, del inicio de gestión del segundo mandato de Alfredo Cornejo, como Gobernador de Mendoza, las reestructuraciones en el estado continúan.
Los cañones apuntan al Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS), organismo que podría dejar de existir, si la Legislatura Provincial aprueba el proyecto de ley que mandó el propio Gobernador a la casa de las leyes con la intención de hacer más eficiente la administración pública y ahorrar dinero.
La iniciativa pretende transferir la asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas, al Departamento General de Irrigación.
En este marco, el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, dijo que el EPAS "así como está, no estaba funcionando”.
En diálogo con Radio Mitre Mendoza, expresó que "la situación institucional del organismos desde hace muchos años es muy débil frente a lo que debe ser un nuevo objetivo de empresa pública y de los municipios prestadores".
Según el proyecto, "resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza”.
El jefe comunal estuvo presente durante el operativo policial que, tras más de cinco horas de tensión, logró una salida pacífica para la alumna armada en la escuela Marcelino H. Blanco.
Temperaturas elevadas, viento en zonas clave y pronóstico de nevadas para el martes por la noche.
Plan para optimizar el uso del agua en el agro.
Funcionarios locales y la comunidad educativa se movilizan contra el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno Nacional.
Alertó sobre posible operación política y espionaje.
La iniciativa provincial permitirá que adjudicatarios de barrios del IPV obtengan su escritura tras cancelación de sus viviendas, beneficiando inicialmente a 76 barrios y más de 9.400 hogares en toda Mendoza.