
Ya se entregaron más de 350.000 unidades en 2025 y el Gobierno provincial proyecta alcanzar las 500.000 antes de fin de año.
La Policía Ambiental Minera de Mendoza, creada bajo el Nuevo Código de Procedimiento Minero, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad y control de la minería en la provincia.
Este cuerpo supervisará todas las fases de la actividad minera, incluyendo trabajos subterráneos, superficiales y el transporte de minerales, inspeccionando el 100% de las propiedades registradas. Se encargará de detectar irregularidades y asegurar que las actividades cumplan con las normativas ambientales y de seguridad.
En 2025, la policía contará con 49 miembros capacitados, equipados con tecnología avanzada, vehículos adaptados y sistemas digitales inviolables para el control. Además, tendrá delegaciones en distintas regiones de Mendoza y trabajará coordinadamente con otros organismos. Su plan incluye auditar proyectos, inspeccionar plantas y equipos, y reforzar la plantilla de inspectores.
El organismo tiene atribuciones para acceder libremente a las instalaciones mineras, levantar actas, imponer sanciones y garantizar el cumplimiento de las normativas. Los miembros del cuerpo recibirán formación intensiva en seguridad, primeros auxilios, y uso de tecnología.
Las sanciones por incumplimiento varían desde apercibimientos hasta clausuras, con fuertes multas previstas por la Ley Impositiva 2025.
Ya se entregaron más de 350.000 unidades en 2025 y el Gobierno provincial proyecta alcanzar las 500.000 antes de fin de año.
Tras el acuerdo paritario entre el SUTE y el Gobierno, se aplicarán subas del 4 % en julio, y del 3 % en septiembre y noviembre.
Las temperaturas oscilarán entre -1 °C y 16 °C, con nubosidad y vientos del sur; el sábado será el día más frío, y se esperan nevadas en la cordillera.
Busca frenar la ejecución de la sentencia en Estados Unidos y extender los plazos judiciales. Considera “inviable” entregar el control accionario de la petrolera estatal.
La medida, tomada con escasa anticipación, generó quejas entre los expendedores. Las multas por vender GNC superan los $19.000 por vehículo cargado.
La medida busca reducir estructura y gasto público. Las áreas de Agricultura e Industria asumirán el control administrativo y financiero de ambos institutos.