El INDEC registró el mayor nivel de consumo privado desde 2004, especialistas advierten que se debe al boom de importaciones y no por una mejora en la producción local ni en los ingresos.
En respuesta al proyecto de ley que propone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), más de treinta organizaciones del sector vitivinícola argentino han manifestado su rechazo. Las entidades firmantes destacan que la iniciativa carece de análisis técnico y pone en riesgo una política de Estado consolidada.
Las organizaciones resaltan que COVIAR no es una cámara empresaria ni un sindicato, sino una institución impulsada y financiada por el propio sector privado con el fin de forjar consensos y articular el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). Subrayan que eliminar este aporte —equivalente a apenas el 0,019 % del precio de una botella de vino— no es una discusión de recursos ni de competitividad, sino de representatividad federal.
Argentina ocupa el noveno lugar mundial en consumo de vinos, el undécimo en exportaciones por volumen, el octavo en producción y el segundo en exportación de jugo concentrado de uva. La actividad abarca 15.784 productores, 875 establecimientos industriales, cerca de 400 empresas exportadoras y 487 polos turísticos, distribuidos en 17 provincias, desde Jujuy hasta Chubut.
Las entidades concluyen que no se puede dejar a la deriva una actividad pujante, creadora de marca país y generadora de mano de obra intensiva.
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