
YPF apuesta al uranio: Un plan estratégico para la energía nuclear del futuro
Con el apoyo de Chubut y Mendoza, el país busca explotar sus recursos uraníferos para fortalecer la matriz energética nacional.
El gobernador Alfredo Cornejo anunció una reducción del 4% en la tarifa eléctrica para los 669.703 usuarios de Mendoza, que comenzará a aplicarse en el trimestre mayo-julio.
Esta medida se centra en una disminución del Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa un tercio de la factura, y será más significativa en el sistema residencial.
Cornejo explicó que la baja es posible gracias a la estabilidad macroeconómica de la provincia y la ausencia de deudas con las distribuidoras, a las que siempre se les exige invertir en infraestructura y mejorar la calidad del servicio.
La ministro de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, advirtió que si el costo de la energía se actualiza a nivel nacional, el impacto también se reflejará en todas las provincias. En promedio, la disminución en el VAD podría representar un ahorro del 7% para los usuarios mendocinos.
La medida se toma tras la finalización, el 30 de abril, de los diferenciales de ingreso que buscaban mitigar los efectos de las variaciones tarifarias en un contexto inflacionario.
Con el apoyo de Chubut y Mendoza, el país busca explotar sus recursos uraníferos para fortalecer la matriz energética nacional.
La audiencia se realizará el 2 de agosto con modalidad híbrida, transporte gratuito y puntos de acceso remoto para garantizar el acceso de la comunidad.
El municipio logró superar la segunda auditoría externa del sistema de gestión ISO 9001, acercándose a una certificación clave para modernizar el Estado local.
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
La jueza de Nueva York acusó al Estado de incumplir condiciones judiciales y habilitó la ejecución del fallo por USD 16.000 millones. El Gobierno evalúa apelar hasta la Corte Suprema de EE.UU.