El Decreto 764/2025 pone fin a un programa emblemático de acceso a la vivienda. En la provincia, desarrollos paralizados y familias sin respuestas marcan el saldo local.
NACIONALES10/06/2025
Redacción
Con la publicación del Decreto 764/2025, el Gobierno nacional oficializó la disolución del programa Procrear, una política de acceso a la vivienda lanzada en 2012 durante la gestión kirchnerista. La medida implica el traspaso de la gestión de los créditos al Banco Hipotecario y la liquidación de activos del fideicomiso que lo sostenía.
El decreto, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, también faculta a la Secretaría de Obras Públicas para administrar terrenos, viviendas inconclusas y otros bienes del programa. Según argumenta el Gobierno, Procrear representaba una carga fiscal insostenible, y la financiación habitacional debe recaer en el sistema bancario privado.
Cuáles son las consecuencias, en Mendoza, el impacto es diverso. En ciudad las viviendas del Procrear ya fueron entregadas y no quedan obras activas. En Maipú, en cambio, tres desarrollos han sido paralizados desde febrero: Escalonia, Santa Blanca y STMM, que en conjunto suman 468 viviendas con distintos grados de avance. Desde el municipio explicaron que el financiamiento era nacional y que, pese a las gestiones, no hay respuesta sobre la reactivación.
En San Martín, el único barrio Procrear ya fue entregado y administrado desde Nación, sin intervención municipal. Desde la comuna señalaron que no hay nuevos proyectos ni instancias de diálogo reciente con el Gobierno nacional. En Santa Rosa, las viviendas fueron adjudicadas tras años sin uso, y hoy no quedan pendientes.
Con la eliminación del programa, los créditos pasarán a ser gestionados por el Banco Hipotecario, bajo un modelo en el que los fondos provienen del Tesoro Nacional. Además, se autoriza la venta de carteras con alta morosidad y la transferencia de inmuebles sin contratos activos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
La continuidad de las obras dependerá de decisiones políticas que, por ahora, no figuran entre las prioridades del Ejecutivo nacional. En este contexto, decenas de familias mendocinas aguardan definiciones sobre proyectos que siguen sin resolución.
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