El Gobernador Alfredo Cornejo; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y Jerónimo Shantal, a cargo de la Dirección de Minería, presentaron el Mendoza Day, un evento en el que mostraron las iniciativas del Ejecutivo para promover el potencial minero en Mendoza. También estuvo presente el gerente general de Potasio Río Colorado, Emilio Guiñazú.
En este encuentro se promocionó el denominado “Malargüe Distrito Minero Occidental” (MDMO). Se trata de una iniciativa que tiende a unificar la evaluación de proyectos mineros de exploración en un zona determinada de Malargüe, donde existe enorme potencial minero.
Sobre la elección de la zona ubicada en el departamento de Malargüe, y particularmente sobre el trabajo con el cobre, Cornejo señaló que para trabajar en esa región “no necesitamos modificar la Ley 7722. Las restricciones que tiene esa norma sobre las sustancias que están prohibidas para ocupar en la minería no son ocupadas para extraer el cobre, con lo cual cumple la 7722”. Y añadió que en Malargüe “hay licencia social, hay recurso humano, hay una escuela secundaria de tecnicatura en minería, porque además toda esa población apoya la actividad minera en Mendoza”.
En la misma línea de la ley 7722 y en diálogo con un diario local, Shantal señaló que "todo es en el marco de la Ley 7722. No tiene que ver. No le toca una coma. Acá estamos tratando un código de fondo en lo que respecta al procedimiento para que sea transparente y sostenible para que haya control".
A demás agregó: "Necesitábamos hacer un cambio porque el código era de 1945, cuando ni siquiera se hablaba de derecho ambiental. No fue solamente por lo antiguo, sino porque el código no tiene contenido de sostenibilidad y transparencia. A partir de esto, todo va a ser público. El nuevo código nos va a dar agilidad. Por ejemplo, dice que tenés que poner un domicilio legal en un radio de un kilómetro de la Dirección de Minería. Un absurdo... También avanzaremos en el expediente digital que permite tener una visualización en línea"
Jimena Latorre, en este sentido, detalló: “Lo que estamos buscando con esta modificación, con esta actualización del código de procedimiento minero, es traer beneficios reales y participación concreta de la ciudadanía”. Y añadió que “la legislación de 1945 no contemplaba ni los parámetros de sustentabilidad ambiental ni tampoco los de sostenibilidad social y económica”.
“Toda actividad productiva tiene que cumplir con esto, pero para que cumpla con esto, además de la participación y el incremento de los controles, para aportar de mayor músculo y de mayor recurso a la policía minera para que pueda realizar estos controles, requiere de transparencia”, señaló la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza.
Además, la funcionaria indicó que “la transparencia en los actos de gobierno, como por ejemplo en el otorgamiento de los permisos, en la gestión de ese desarrollo minero en todas sus etapas, y la participación de cada una de esas ciudades, de esos lugares que reciben a la minería o que podrían potencialmente recibirla, es muy importante para legitimar la actividad y para poder también legitimar los controles que no tan solo tienen que depender del Estado”.
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