
La negociación por el impuesto a los combustibles y los ATN terminó sin consenso, aunque el diálogo seguirá abierto.
En los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández, estuvo a cargo de Proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUSE), un organismo que dependía del ministerio de Economía.
Además apoyo la campaña de Sergio Massa.
Sin un nombramiento formal, el abogado terminó siendo director nacional en los hechos y las resoluciones oficiales quedaron a cargo de dos funcionarios de línea: Mónica Cortes y Martín Enrique Pennella.
"No puedo hacer un plan de gestión en estas condiciones, todos los días hay una renuncia”, expresaba Puértolas. Este lunes, citó a varios funcionarios de la DNRPA y les comunicó su salida.
“Intentó poner realismo a lo que el Gobierno buscaba: avanzar con los instrumentos digitales pero sin obviar la calificación de los registros. Tenía buenas intenciones. Estaba trabajando en un marco regulatorio para la designación de los interventores”, opinó una fuente del sector que habló con Puértolas en los últimos días.
Entre los comunicados del gobierno figuraba la reducción del 30% del personal de la Dirección Nacional.
Además entre las medidas a tomar por el gobierno se encuentran que:
Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
Se eliminará la cédula azul, cualquier persona podrá exhibir solo física o digitalmente la cédula verde del titular del automóvil.
Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.
Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.
Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.
Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.
Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.
Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.
Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.
La negociación por el impuesto a los combustibles y los ATN terminó sin consenso, aunque el diálogo seguirá abierto.
Referentes y organizaciones sociales se congregan el 18 de junio en respaldo a la expresidenta del PJ
Una mirada crítica y reflexiva sobre el rol de los gobiernos locales en Mendoza, de cara a las elecciones y los desafíos cotidianos de la ciudadanía.
Busca frenar la ejecución de la sentencia en Estados Unidos y extender los plazos judiciales. Considera “inviable” entregar el control accionario de la petrolera estatal.
La medida, tomada con escasa anticipación, generó quejas entre los expendedores. Las multas por vender GNC superan los $19.000 por vehículo cargado.
La medida busca reducir estructura y gasto público. Las áreas de Agricultura e Industria asumirán el control administrativo y financiero de ambos institutos.