El conflicto político por el presupuesto de la universidades nacionales públicas se encuentra en un estadío de incertidumbre por los tiempos de respuesta que impone el Gobierno Nacional, atados a los ritmos de la economía del país, en el marco de una reestructuración de la macro y microeconomía.
El anuncio de un aumento del 270 % para el presupuesto de universidades de todo el país, realizado por el vocero Manuel Adorni el útlimo martes, no dejó de ser una buena noticia, sin embargo los rectores nucleados en el CIN, mantuvieron cautela a la espera de que se concrete la transferencia de recursos.
Este lunes, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunirá con los Rectores de las casas de altos estudios con la intención formalizar el acuerdo alcanzado la semana pasado sobre el incremento en partidas para gastos de funcionamiento.
A través de un comunicado oficial, se informó que “la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibirá el próximo lunes a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a fin de retomar la agenda de trabajo conjunta en torno a la actualización del presupuesto universitario 2023/2024”, se anunció en un comunicado oficial difundido ayer.
Según trascendió, además de formalizar el aumento previsto, “buscarán acordar la creación de una comisión para la confección del presupuesto 2025”.
De esta manera el gobierno nacional se anticipará a la sesión que mantendrán Diputados en el Congreso en la que se logaría media sanción de la Ley sobre el financiamiento de las universidades nacionales.
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La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
Con los vetos en suspenso y el Congreso como campo de disputa, el Gobierno de Milei busca retomar la iniciativa sin ceder en su cruzada fiscal.
Fernández Sagasti votó a favor, mientras que Suarez estuvo ausente y Juri se retiró en desacuerdo con el procedimiento parlamentario.
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
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La jueza de Nueva York acusó al Estado de incumplir condiciones judiciales y habilitó la ejecución del fallo por USD 16.000 millones. El Gobierno evalúa apelar hasta la Corte Suprema de EE.UU.
