
Cornejo convocó a elecciones legislativas en Mendoza para el 26 de octubre
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
Después de largas semanas de negociaciones, el día de ayer se consiguieron las firmas para el dictamen y podría sellarlo hoy. Para esto, el gobierno tuvo que hacer modificaciones en varios artículos como Ganancias, Rigi, contratos laborales y las empresas que pueden ser privatizadas, así como también organismos que puede ser reformados o disueltos.
Uno de los votos que consiguió el gobierno fue el de Carambia, pero , aceptando que se introduzca en el paquete fiscal, un artículo para modificar la ley de minería estableciendo “que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”. En la actualidad, es del 3%.
Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos ahora figuran el Incaa, la Conae, el Incucai, el Inti el Senasa y la Coneau.
Cambios que aceptó el gobierno:
En cuanto a la reforma fiscal, se incorporaron:
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
Con los vetos en suspenso y el Congreso como campo de disputa, el Gobierno de Milei busca retomar la iniciativa sin ceder en su cruzada fiscal.
Fernández Sagasti votó a favor, mientras que Suarez estuvo ausente y Juri se retiró en desacuerdo con el procedimiento parlamentario.
La jueza Preska decidirá si suspende el fallo que obliga al país a transferir el 51% de la petrolera a fondos especulativos.
La provincia votará en la misma fecha que Nación y se renovarán bancas en ambas cámaras. Los municipios pueden adherir o financiar sus propios comicios si desdoblan.
La jueza de Nueva York acusó al Estado de incumplir condiciones judiciales y habilitó la ejecución del fallo por USD 16.000 millones. El Gobierno evalúa apelar hasta la Corte Suprema de EE.UU.